La Ley de Costas tiene por objeto proteger los hábitats locales mediante la designación de la zona costera como dominio público. Sin embargo, los titulares de propiedades inmobiliarias en esa zona estiman que la ley, y la forma en que se ha aplicado, violan sus derechos. Muchos de los afectados por la Ley de Costas son ciudadanos europeos que han ejercido su derecho a la libre circulación y han invertido sus ahorros en una propiedad en España.

La Comisión Europea ha planteado esta cuestión a las autoridades españolas en varias ocasiones después de recibir un gran número de quejas tanto de ciudadanos españoles como de los demás Estados miembros de la UE. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo organizó una audiencia específica sobre el asunto e instó a las autoridades españolas a revisar la Ley de Costas.

España se propone reformar la legislación para garantizar una protección eficaz del medio ambiente costero al tiempo que se ofrece una mayor seguridad jurídica a los propietarios y se favorece el desarrollo de actividades económicas y de otro tipo, como el ocio y el turismo.

«El Gobierno español tiene razón al proteger la belleza de la costa marítima de su país y aplaudo el cuidado que demuestra al hacerlo de forma que se mejore la seguridad jurídica y los procedimientos debidos para los ciudadanos que ya poseen un bien inmobiliario en la costa española o que están pensando en adquirirlo. El proyecto de ley se hará público en línea durante las próximas semanas e insto a todos los interesados (que ya posean o tengan intención de adquirir un bien en España), a que lo consulten para comprender las consecuencias de dichos cambios y realizar las observaciones necesarias», ha declarado la Vicepresidenta, Viviane Reding, Comisaria de Justicia de la UE. «La nueva ley española tiene por objeto mejorar la seguridad jurídica para los ciudadanos y las empresas europeas y, por lo tanto, también su confianza a la hora de invertir en un entorno jurídico extranjero. Esta es una buena noticia tanto para los ciudadanos como para la economía española.»

Antecedentes

El proyecto de ley ampliará el plazo de la concesión existente para disfrutar de la posesión de los bienes situados en la zona protegida (de dominio público) de 30 a 75 años. También introduce la posibilidad de vender el derecho sobre el bien con autorización previa y de renovar los edificios situados en esta zona, siempre que esto no implique un cambio en el volumen, altura o superficie de la propiedad. Además, la administración pública estará obligada a registrar las líneas de demarcación tanto definitivas como provisionales en el registro de la propiedad, de modo que los compradores estarán mejor informados de si el inmueble está situado en una zona protegida y sabrán la localización exacta y extensión de dicha zona. Las líneas de demarcación se publicarán también en el sitio Web del Ministerio español de Medio Ambiente.

Los ciudadanos afectados por la Ley de Costas española son ciudadanos españoles y de otros Estados de la UE que poseen propiedades en el litoral español.

En España hay unos 2,3 millones de ciudadanos de otros países de la UE lo que representa el 5 % de la población. De ellos, aproximadamente 367 000 son británicos, 238 000 alemanes, 225 000 franceses, 99 000 italianos, 52 000 neerlandeses y 17 000 irlandeses.

Desde 2010, la Vicepresidenta Viviane Reding ha abordado repetidamente este problema en una serie de cartas y reuniones técnicas con las autoridades españolas para llamar su atención sobre la situación de los ciudadanos de la UE afectados.